El Ministerio Público estima que la jurisdicción para analizar el mecanismo para atajar la temporalidad corresponde a la vía de lo contencioso y no a la penal
La Fiscalía Provincial de Zaragoza ha archivado esta semana la denuncia interpuesta por un grupo de funcionarios contra la cúpula de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Jorge Azcón como la del cuatripartito que presidía Javier Lambán.
Tanto a los consejeros como sus directores generales de Función Pública les imputaban presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación por el abuso de temporalidad en la plantilla de la DGA, «con un 51% de interinos» frente al máximo del 8% fijado por ley. La denuncia la hicieron extensiva «a cuantas autoridades y funcionarios hayan podido intervenir». A juicio de los interinos, hay una «falta de cumplimiento e incorrecta aplicación» de los mecanismos para atajar la situación.
En un decreto de cuatro folios, el Ministerio Público es tajante al considerar que el principio de subsidiariedad e intervención establecido en el derecho penal exige que se respete el ámbito de actuación de la jurisdicción contencioso-administrativa, «cuya esfera de acción comprende el control de la legalidad de los actos de la administración».
Además, insiste en que la referida jurisdicción es la competente para impugnar los actos y resoluciones que contravengan la legalidad, «así como las distintas convocatorias, listados de plazas y resoluciones de los concursos». Y concluye advirtiendo que a la jurisdicción penal le corresponde sancionar supuestos límite.
El actual consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, estudiar demandar al grupo de interinos por «denuncia falsa» y lamentó la «indecencia» de lanzar «bulos» contra los políticos. Su antecesor, Carlos Pérez Anadón, añadió que los responsables de la Administración son los primeros que no quieren que haya interinos.
Fuente: heraldo.es 12.05.2024
¡Suscríbete a nuestra newsletter!
Se el primer@ en enterarte de las nuevas entradas
Comentarios Recientes