El Gobierno acuerda con los funcionarios que los trabajadores públicos puedan jubilarse de forma anticipada

Se trata de un pacto entre el Ejecutivo y los sindicatos

El asunto sobre la jubilación parcial de los funcionarios públicos parece que por fin verá la luz, ya que desde el Gobierno han acordado con los sindicatos activar el proceso legislativo sobre este tema a partir del próximo año. (2025)

Es lo que prevé el ministro de Transición de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien espera estampar su firma sobre este asunto con los sindicatos, es decir, con UGT y con CCOO, el próximo miércoles, 25 de diciembre, al mediodía. De esta manera, queda ya una fecha marcada para un compromiso que ya se alcanzó durante la pasada legislatura.

Así, quedaría totalmente suprimido un veto que introdujo el Partido Popular en el año 2013 en su reforma. De esta forma, el derecho de los empleados públicos a la jubilación parcial volverá a ser una realidad.

Todo comenzó en 2022 con María Jesús Montero y los sindicatos

Fue en el año 2022, cuando María Jesús Montero, entonces ministra de Hacienda y Función Pública, firmó con la UGT y con CCOO el Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI. En este se indicaba que «se procederá a la derogación de la supresión de la jubilación parcial como una de las modalidades de jubilación del personal funcionario establecidas, prevista en el artículo 67 del TREBEP».

Dos años más tarde, parece que el Gobierno se ha puesto manos a la obra para llevar a cabo dicha iniciativa. La idea por parte de la función pública es que con la jubilación parcial se puedan aumentar las plazas para futuros trabajadores y las ofertas de empleo público.

El modelo pactado desde el ministerio de Óscar López con las centrales haría que las administraciones pudieran sacar oferta pública desde que un trabajador comience los trámites para la jubilación parcial. Así habría un margen para que los candidatos accedan a las oposiciones y pasen a conseguir su plaza, un proceso que podría alargarse dos años.

Para que esto pueda llevarse a cabo, el Gobierno deberá modificar el Estatuto Básico del Empleado Público, la ley de Seguridad Social y la Ley de Clases Pasivas del Estado y, consiguientemente, ser aprobado por el Congreso de los Diputados en 2025.

Fuente: marca.com 21.12.2024