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Inspectores de Hacienda alertan de que la futura Ley de Función Pública permitirá nombrar funcionarios a dedo

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Admin
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(@ramontfe)
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Critican a otros cuerpos de la Agencia Tributaria por «pretender ascender sin realizar los exámenes necesarios que acreditan la competencia»

La Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) manifestó este jueves su «rotundo» rechazo al proyecto de Ley de Función Pública que se está tramitando en las Cortes Generales por «socavar, gravemente, los principios constitucionales sobre los que se asienta la Administración Pública». «Redundará en una deficiente y politizada prestación de los servicios públicos y en el nombramiento de funcionarios a dedo», advirtió la asociación

Los inspectores de Hacienda alertaron de que el proyecto de ley contiene «importantes cesiones a grupos de presión politizados», que suponen «un atropello gravísimo» a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Según denuncian, la nueva norma cambiará el sistema de selección de los funcionarios por uno que «rebaja el nivel de preparación hasta límites insospechados, y que seleccionará al funcionario que más se acerque al poder político».

En concreto, los inspectores apuntan contra «un grupo de funcionarios de niveles no superiores», que según ellos «ejercen una presión política sin precedentes en nuestra Administración tributaria, ya que pretenden ascender de categoría sin realizar los exámenes necesarios que acreditan la competencia que se precisa para alcanzar los niveles superiores». Una referencia poco velada a los técnicos de Hacienda que, prosiguen, están «apoyados en partidos políticos llave del actual Gobierno» y defienden que su ascenso «a dedo» implicaría la solución de los problemas fiscales derivados de la economía sumergida, utilizando unos datos «que se alejan cada vez más del rigor de los informes emitidos por otras instituciones y economistas que gozan de reconocido prestigio y credibilidad».

La asociación ve también «especialmente grave» otra disposición que otorga una «carta blanca sin precedentes» para que el Gobierno pueda modificar la actual organización de la función pública.

Fuente: lavozdegalicia.es


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