Función Pública elabora un catálogo con 24 áreas funcionales que determinará las ofertas de empleo
El Gobierno está ultimando una ambiciosa reforma con la que pretende hacer transversales miles de puestos de funcionarios y que arrancará este mismo año con un proyecto piloto en el ámbito de la atención a la ciudadanía. El Ministerio de Función Pública ya ha definido el esquema que de ahora en adelante determinará las Ofertas de Empleo Público (OEP)en la Administración General del Estado (AGE) y, aunque el proyecto aún se encuentra en una fase inicial, los sindicatos están empezando ya a lanzar las primeras advertencias sobre el impacto que el nuevo sistema puede llegar a tener en las condiciones laborales de los empleados públicos.
El pasado 13 de mayo, responsables del departamento que dirige Óscar López mantuvieron una reunión con representantes sindicales en la que abordaron dos asuntos clave para poder empezar a negociar la OEP de 2025. Por un lado, el Ministerio reconoció que, pese a las recientes ofertas históricas -el año pasado se superó el récord de 40.000 plazas-, la AGE continúa sufriendo un déficit estructural, tras haber perdido 20.646 empleos en los últimos diez años. Sin embargo, evitó fechar la eliminación de la tasa de reposición que limita la cobertura de vacantes a las bajas que se hayan producido el año anterior y que el exministro José Luis Escrivá prometió suprimir en 2025.
El actual gobernador del Banco de España se encargó en sus tiempos de ministro de Función Pública de impulsar la gran reforma de transformación de la Administración pactada con Bruselas. Se comprometió a profesionalizar la AGE con criterios similares a los que utiliza la empresa privada, como evaluaciones del desempeño, con un sistema de retribuciones variables vinculado a la meritocracia y los resultados. También anunció la sustitución de la tasa de reposición, que promueve un crecimiento vegetativo de las plantillas, por un mecanismo de captación de talento y gestión de los recursos humanos basado en las distintas áreas funcionales de los ministerios y organismos y ajustado a los escenarios presupuestarios plurianuales fijados por la Unión Europea.
Y ese último objetivo fue el otro asunto abordado en la reunión de hace dos semanas con los sindicatos de funcionarios. Según ha podido saber ELMUNDO por distintas fuentes presentes en el encuentro, el Ministerio acudió a la cita con una reforma ya prácticamente cerrada sobre ese nuevo esquema de áreas funcionales. De hecho, el día anterior aprobó de manera unilateral un catálogo con 24 «áreas funcionales». Sin previa consulta a la Mesa de Negociación de la AGE, se diseñó un catálogo que, a juicio del sindicato CSIF, tenía que haber sido objeto de negociación, dada su repercusión en las condiciones laborales de los empleados públicos.
Fuentes de UGT al tanto de los trabajos que está llevando a cabo el equipo de Óscar López explican que la reforma se engloba en un amplio proyecto de «planificación estratégica» que persigue «optimizar los recursos humanos» dentro de la capacidad de autoorganización de que dispone la Administración. Sin embargo, advierten de que la ley obliga al Gobierno a negociar toda reforma que repercuta en las condiciones de trabajo de los funcionarios, como es el caso.
Lo que pretende Función Pública es clasificar a la plantilla en «áreas funcionales», frente a la tradicional organización por organismos. Entre otras, se han definido las áreas de acción de Gobierno, exterior, políticas públicas, presupuesto, seguridad nacional, recursos humanos, contratación, subvenciones, migraciones, defensa o justicia. Estas áreas, muchas de ellas transversales a varios ministerios y organismos, definirán a partir de ahora las ofertas de empleo, con un número de plazas específicas para cada área funcional, en lugar de una cantidad global de puestos para la AGE. Los sindicatos interpretan que lo que viene a favorecer esta organización de puestos por funciones es que un mismo empleado público pueda encajar en varias plazas y, en consecuencia, pueda ser trasladado de un puesto a otro.
El Ministerio defiende que este catálogo permitirá «la detección de necesidades de recursos humanos, una mejor adecuación de las pruebas de los procesos selectivos a las funciones que deban desarrollarse en los puestos de trabajo, la determinación de los criterios para la evaluación del desempeño y la detección de necesidades formativas». «Es una herramienta que acompaña al personal empleado público en su formación a lo largo de toda la vida, sin que suponga, en ningún caso, una limitación a su movilidad», asegura.
Pero en CSIF advierten de que en determinadas áreas «transversales» presentes en todos los ministerios, como las relacionadas con la Acción de Gobierno o la Administración y Servicios Generales, pueden producirse traslados de un organismo a otro sin garantizar que la movilidad sea únicamente voluntaria. Es decir, forzosos. Y respecto al resto de áreas, consideran que muchas están limitadas a un ámbito específico, lo que va a dificultar la movilidad, ya que la evaluación del desempeño o la oferta de empleo público van a estar circunscritas a cada área funcional.
El Gobierno va a lanzar un proyecto piloto en el ámbito de atención a la ciudadanía en el marco de la elaboración de la OEP de 2025, que empieza a negociarse ahora con los sindicatos. El objetivo es que las ofertas de la AGE en próximos años puedan diseñarse partiendo del catálogo de áreas funcionales, según ha avanzado Función Pública a los sindicatos.
Fuente: elmundo.es 26.05.2025
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